Según información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, desde enero de 2023, la temporada de lluvias ha provocado 71 víctimas mortales, 18,043 damnificados, alrededor de 113,000 personas afectadas y 14,000 viviendas dañadas. Al impacto social hay que sumar el económico, estimado en S/50.000 millones, y los gastos de reconstrucción de las infraestructuras dañadas, principalmente en el norte del país. En ese sentido, el BID y las Naciones Unidas indicaron que, por cada dólar invertido en la reducción y prevención de riesgos, se pueden ahorrar hasta quince dólares en la recuperación de catástrofes. Es decir, cada dólar invertido en infraestructuras resistentes a los desastres ahorra cuatro dólares en costes de construcción.
Al respecto, el director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno de la PUCP, Flavio Ausejo, señaló que el costo de la reconstrucción y el número de damnificados habrían sido mucho menores si las autoridades hubieran invertido estratégicamente en la reducción de riesgos y prevención de desastres. Sin embargo, la falta de objetivos, estrategias y planes de acción para la prevención pone de manifiesto la importancia de trabajar con líderes del sector público que cuenten con habilidades, capacidades y competencias necesarias para el desempeño de una óptima gestión pública.
Como prueba de la importancia de capacitar a los funcionarios peruanos, según una encuesta de Comex, a 2019, más de la mitad de los municipios reportaron la necesidad de capacitación en evaluación de riesgos de desastres, y al menos el 48,9% necesitaba capacitación para desarrollar planes de reducción de riesgos de desastres. Asimismo, entre el 2020 y 2022, solo se construyeron 28 de 151 proyectos planificados por un total de S/ 1,000 millones para proteger ríos y zonas ribereñas en Piura, Lambayeque y La Libertad, a pesar de que estas regiones fueron severamente impactadas por el Fenómeno de El Niño costero de 2017. El director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno de la PUCP también señaló que la incapacidad para desarrollar proyectos de prevención de riesgos y el bajo nivel de priorización, planificación y ejecución presupuestal en todos los niveles de gobierno demuestran un problema casi epidémico en el país, que es la falta de liderazgo en el sector público.
Ante este problema y con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de quienes trabajan en la gestión pública, la Escuela de Gobierno de la PUCP y el Banco Interamericano de Desarrollo (CAF) lanzan la segunda edición del Programa de Gobernabilidad Pública e Innovación, dirigido a líderes y lideresas de la región. En ese contexto, este programa es una oportunidad para conocer a fondo los desafíos que enfrentan América Latina y Estados Unidos, desde la perspectiva de asegurar un adecuado equilibrio de las variables políticas, económicas, sociales, climáticas y de género; contribuyendo a la creación de un Estado basado en un modelo de gestión pública de calidad, orientado a proveer bienes y servicios públicos de manera eficiente, eficaz y oportuna.
